Lo más indignante de la enorme crisis que está sufriendo la Eurozona
es que todo lo que ocurre podría haberse evitado, y no se ha evitado
porque el sistema financiero de tal área monetaria se diseñó para
optimizar los intereses del poder financiero –y muy en especial de la
banca- a costa del poder de la ciudadanía, cuyo único instrumento que
podía protegerles, el Estado, fue debilitado para impedir que pudiera
ayudar a la población.
Si el lector cree que estoy equivocado, le aconsejo que lea los
documentos que establecieron el Banco Central Europeo (BCE), que estudie
la reglamentación de tal organismo y que mire los documentos producidos
por tal institución.
Cuando el BCE se estableció, la banca alemana puso una serie de
condiciones para que el marco alemán fuera sustituido por el euro,
condiciones que favorecieron sus intereses a costa de la población de
los países miembros de la Eurozona.
La mayoría de estas condiciones fueron aceptadas.
Una de ellas era que el BCE, en contra de lo que hacen los bancos
centrales, no podía ayudar a los Estados miembros de la Eurozona
comprándoles su deuda pública. Esto es lo que hace cualquier banco
central cuando la deuda pública de su país está sujeta a los ataques de
los mercados financieros especulativos.
El banco central imprime dinero y compra deuda pública de su Estado. Y con ello se fuerza que los intereses de la deuda bajen.
El BCE tiene prohibido hacer esto. Imprime dinero y se lo transfiere a
los bancos para que sean ellos los que compren deuda pública. A éstos
les interesa que los intereses de tal deuda pública sean elevados.
Y mientras tanto, los Estados están totalmente desprotegidos, ya que
no pueden defender su deuda pública frente a los ataques especulativos. Y
así ha ido ocurriendo país tras país. No hay país que tenga su deuda
pública a salvo.
Ni siquiera Alemania, como estamos viendo estos días. La manera de
construir el euro es equivalente a que en EEUU se hubiera establecido el
dólar sin un Estado federal y sin un banco central.
El dólar y la deuda pública de los Estados se hubieran colapsado. Y
esto es lo que está ocurriendo en la Eurozona. Éste es el primer
problema, que podía haberse evitado si el BCE hubiera actuado como un
banco central que, en contra de lo que anuncia su nombre, no lo es.
El segundo problema es que cuando lo ha hecho, forzado por el posible
colapso de la deuda pública (que habría afectado negativamente a los
bancos privados que poseen la deuda pública del Estado, en
dificultades), lo ha hecho en cantidades muy menores y a posteriori, no a
priori.
Es decir, no se ha comunicado a los mercados que el BCE ayudaría y
apoyaría la deuda pública (tal como hace el banco central
estadounidense, el Federal Reserve Board), sino que ha comprado la deuda
pública de los países en dificultades (ahora España e Italia) después, y
no antes, de que los intereses se disparasen, conllevando un coste
elevadísimo al país. Es más, lo hace sin anunciarlo, y a posteriori.
Según las declaraciones de miembros del consejo directivo del BCE,
esta organización se ha comprometido a comprar deuda pública, unos
20.000 millones de euros a la semana, una cantidad menor, en comparación
con la cantidad que sería necesaria. El BCE, que es el que imprime
moneda, podría comprar cantidades mucho mayores.
El que no lo haga es debido a que su mayor objetivo es el objetivo de
la banca: que no aumente la inflación, pues si existe mucha moneda
circulando podría aumentar la inflación.
Pero la inflación no es en este momento un problema mayor en la Eurozona.
El mayor problema es el bajo crecimiento económico. Pero el BCE da
prioridad al control de la inflación (que es lo que desea la banca)
sobre el crecimiento económico (que es lo que necesita la población).
Pero la aplicación de tales medidas excepcionales del BCE (la compra
silenciosa de la deuda pública en cantidades menores) no está
resolviendo la situación.
Y mientras, el posible colapso de la deuda pública de algunos países
puede crear un colapso de la banca alemana y francesa (que tienen gran
parte de los bonos públicos) e indirectamente de toda la banca europea
internacional.
Los bancos alemanes y franceses poseen nada menos que 265.000
millones de euros de deuda pública. De ahí que la deuda pública de tales
países no puede colapsarse. Y de ahí también que sea un absurdo creerse
que el gobierno alemán intente expulsar a Grecia del euro. Es lo último
que desea.
Como consecuencia, el BCE se encuentra en un dilema.
Su lealtad a la banca alemana le hace pensar que algo debe hacerse
para impedir que Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia no puedan
pagar a los bancos lo que les deben, que ha alcanzado niveles
astronómicos.
Pero por otra parte, no quiere cambiar su norma de que el BCE no
puede ayudar sistemáticamente a los Estados y a su deuda pública.
La solución a este dilema ya estaba proveída en su constitución. En
su artículo 23 indica que el BCE puede prestar a instituciones
internacionales (léase el Fondo Monetario Internacional, otro portavoz
de la banca, FMI) lo que llama “ayuda” a los Estados de países terceros.
Y esto es lo que está pensando hacer.
El BCE prestará dinero al FMI para que éste “ayude” a los Estados a que paguen a los bancos, siempre y cuando estos Estados acepten condiciones leoninas,
que consisten en un ataque frontal al mundo del trabajo y a la
protección social (todo ello, en teoría, para aumentar la
competitividad), aunque en la práctica su intento es desmantelar las
transferencias públicas (como las pensiones) y los servicios públicos
(como la sanidad) para privatizarlos, permitiendo la entrada del capital
financiero en tales sectores.
Lo que está ocurriendo en España, con la reducción del gasto social
en sanidad, educación y pensiones (entre otros), es el intento de
expandir el sector privado en pensiones y sanidad.
En estos dos últimos sectores, por ejemplo, las aseguradoras
privadas, dependientes de la banca, está beneficiándose de los recortes
realizados en estos ámbitos.
Esta es la realidad ignorada en los medios de mayor difusión del país.
